El Código de Insolvencia y Quiebras de 2016 («El Código») es la ley de quiebras que contiene disposiciones relacionadas con la insolvencia de empresas, sociedades anónimas y personas físicas.
El Ministerio de Asuntos Corporativos emitió un comunicado de prensa de fecha 17laJulio de 2019 especificando que el gabinete de la Unión aprobó la propuesta de presentar el proyecto de ley sobre el Código de Solvencia y Quiebras (enmienda) de 2019 («El proyecto de ley») en el Parlamento el 17la En julio de 2019 en sí. El proyecto de ley propondrá 8 enmiendas al código.
El objetivo principal del proyecto de ley es llenar las brechas críticas en el marco de resolución de insolvencias corporativas y, al mismo tiempo, maximizar el valor del proceso de resolución de insolvencia corporativa («CIRP»). La sección CIRP del código trata del proceso de resolución de insolvencia de los deudores corporativos.
A través de este proyecto de ley, el gobierno tiene la intención de garantizar la maximización del valor de un deudor corporativo como empresa en marcha y, al mismo tiempo, cumplir con plazos estrictos. Lea más sobre ¿Por qué debería registrar una sociedad de responsabilidad limitada?
La esencia de las enmiendas propuestas por el proyecto de ley es la siguiente:
- El proyecto de ley aclara cómo permitir planes integrales de reestructuración empresarial, como fusiones, escisiones, amalgamas etc., como parte del plan de resolución.
- Por lo tanto, dado que el procedimiento de insolvencia lleva demasiado tiempo, el proyecto de ley hace mayor hincapié en la necesidad de disponer de una disposición en un plazo determinado en la fase de solicitud.
- El proyecto de ley también propuso un plazo de 330 días para completar el proceso del CIRP, incluidos los litigios y otros procesos judiciales. En la actualidad, el código establece un límite de tiempo de 270 días. Sin embargo, en la actualidad, hay mucho retraso en la admisión de las solicitudes y muchos casos se están prolongando.
- Los votos de todos los acreedores financieros contemplados en la sección 21 (6A) se emitirán de conformidad con la decisión aprobada por la mayoría de los acreedores financieros con más votos (más del 50%) en presencia y con derecho a voto.
- El proyecto de ley también contendrá una disposición específica según la cual los acreedores financieros que no hayan votado a favor del plan de resolución y los acreedores operativos recibirán al menos una cantidad mayor de las siguientes:
- La cantidad que habría recibido si la cantidad se hubiera distribuido en virtud del plan de resolución, si se hubiera distribuido de conformidad con la sección 53 del Código, o
- la cantidad que habría recibido si el valor de liquidación de la empresa deudora se hubiera distribuido de conformidad con el artículo 53 del Código,
- Además, dicha modificación tendrá efecto retroactivo en los casos en que el plan de resolución no haya alcanzado su finalidad o haya sido apelado.
- La inclusión de la contraprestación comercial en la forma de distribución propuesta en el plan de resolución, dentro de las facultades del Comité de Acreedores.
- El proyecto de ley también aclarará que el plan será vinculante para todas las partes interesadas, incluido el Gobierno Central, cualquier gobierno estatal o autoridad local con quien se pueda adeudar una deuda con respecto al pago de las cuotas.
- Bill introducirá una enmienda para aclarar que el Comité de Acreedores puede tomar la decisión de liquidar al deudor corporativo, en cualquier momento después de la constitución del Comité de Acreedores y antes de la preparación del memorando informativo.
En consecuencia, el proyecto de ley tiene como objetivo completar oportunamente el CIRP, lograr una mayor claridad sobre la permisibilidad del plan de reestructuración empresarial, la forma de distribuir los montos entre los acreedores financieros y operativos, aclarar los derechos y deberes de los representantes autorizados de los votantes y la aplicabilidad del plan de resolución a todas las autoridades estatutarias.
